Por: Mtro. Emmanuel Novelo
Vocal de la Junta de Gobierno del ICA Los Cabos

En teoría, el Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Los Cabos es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esa etiqueta suena a autonomía, a independencia para decidir, a capacidad de maniobra para dirigir la política cultural del municipio con una visión propia. Sin embargo, cualquiera que se asome a la operación real del Instituto se dará cuenta de que esa autonomía es más una ilusión que una realidad: dependemos del presupuesto municipal, nuestras decisiones importantes pasan por otras áreas del Ayuntamiento y, en la práctica, operamos como una dirección más.

En la última sesión de la Junta de Gobierno hubo un ejemplo claro de este dilema. La partida 1000, la de Servicios Personales, consume cerca del ochenta por ciento del presupuesto total del Instituto. A pesar de ese peso, no existe un desglose que nos diga con claridad cuántas plazas estamos cubriendo, cuántas vacantes hay, qué pagos extraordinarios se han autorizado ni bajo qué criterios. Sin esa información, no podemos evaluar si la nómina está organizada de manera eficiente o si es un lastre que limita los recursos para proyectos culturales.

Se nos presentó un convenio para que la Dirección Municipal de Recursos Humanos tomara el control de esta partida. La propuesta venía envuelta en el argumento de mejorar la administración y de que “siempre se ha hecho así” y no solamente en este Instituto, sino, en todos. La respuesta de la Junta fue unánime: rechazarlo y enviarlo a revisión. La razón es sencilla: no se puede entregar el control de la nómina, que es el corazón financiero del Instituto, sin establecer antes un mecanismo claro y robusto de transparencia y rendición de cuentas.

Ese mismo día, conocimos otro dato relevante: el estacionamiento del Pabellón Cultural generó 3.8 millones de pesos. En teoría, ese dinero estaba destinado al mantenimiento del inmueble, algo fundamental para rehabilitar las condiciones un espacio que es símbolo de la vida cultural de Los Cabos y cuyas salas principales se encuentran clausuradas por Protección Civil. Sin embargo, se decidió reorientar el recurso a una partida incierta para este fin denominada, infraestructura cultural. La explicación que recibimos fue que, por el momento, no es posible asignar ese recurso al Pabellón porque existen mecanismos administrativos pendientes: específicamente, una laguna procesal derivada de que las claves catastrales del predio aún no han sido unificadas.

No estoy en contra de invertir en otra infraestructura, pero no puedo dejar de preguntarme qué plan de mantenimiento queda para el Pabellón y cuánto tiempo tomará resolver esta situación administrativa. ¿Cuánto costará no atender su mantenimiento ahora? ¿Y quién asumirá la responsabilidad si, por no resolver las claves catastrales a tiempo, el inmueble se deteriora más todavía?

Después de la sesión, el boletín oficial habló de un aumento del ciento siete por ciento en las actividades culturales y de nuevos nombramientos en el Instituto. Todo cierto, todo positivo. Pero nada se dijo sobre el rechazo al convenio de la partida 1000, ni sobre la falta de desglose en la nómina, ni sobre la reasignación de esos 3.8 millones, ni sobre el problema de las claves catastrales del Pabellón. Esa omisión no es menor, porque deja fuera de la narrativa pública los temas que realmente definen la solidez y la viabilidad del Instituto.

La cultura no se fortalece solamente con eventos y cifras vistosas. Se sostiene con instituciones sólidas, con presupuestos claros, con decisiones que no sacrifiquen el futuro por un aplauso inmediato. Mientras el ICA siga dependiendo de la estructura central para manejar su presupuesto y tomando decisiones con esta opacidad, seguirá siendo lo que es hoy: un órgano descentralizado solo en el papel.