Emmanuel Novelo

“Dicen que el agua y la verdad siempre encuentran camino”

Con esa certeza –y con el líquido como piedra de toque– se ha encendido de nuevo la conversación sobre convertir a Cabo San Lucas en el sexto municipio de Baja California Sur. Quienes reducen el tema a la frase “no hay agua propia” olvidan que la figura municipal nació justamente para que las comunidades resolvieran sus carencias desde el territorio y con sus propios acuerdos.

El municipio es el heredero directo del municipium romano y del cabildo castellano que, en la Nueva España, recibía carta de fundación para administrar justicia y servicios. Hoy, el artículo 115 constitucional le reconoce personalidad jurídica, hacienda y la obligación de dotar agua potable, alcantarillado y drenaje a sus habitantes.  El ayuntamiento es la autoridad electa que gobierna ese territorio: presidente, síndico y regidores que deliberan y aprueban presupuesto. Cuando se sientan en pleno para votar, la reunión recibe el nombre tradicional de cabildo –eco de aquellas asambleas de vecinos que levantaban la primera iglesia y el primer aljibe de la ciudad. Tres conceptos distintos: el suelo y su población; la institución que los representa; y la mesa donde se toman los acuerdos.

¿Cuándo puede una comunidad alzarse sobre sus propios cimientos y llamarse municipio? La Constitución de Baja California Sur exige población suficiente, límites definidos, viabilidad financiera y el respaldo de una mayoría ciudadana ratificada por el Congreso estatal.  Con eso basta: ningún párrafo obliga a la autosuficiencia hídrica ni a que los servicios estén resueltos antes de nacer; lo que el legislador pide es un plan creíble para garantizarlos.

Cabo San Lucas cumple con holgura los requisitos demográficos y económicos. El Censo 2020 registró 202 694 habitantes en la localidad; la propia delegación reportó cerca de 300 000 en 2023, lo que la convierte en la mayor concentración urbana del estado.   Su base gravable, nutrida por el sector turístico e inmobiliario, aporta la porción más significativa del impuesto al hospedaje y del predial que hoy administra el ayuntamiento de Los Cabos. Desde febrero pasado, la iniciativa de creación de municipio ingresó oficialmente al Congreso y ya se discute en comisión. 

Queda la objeción emblemática: el agua llega por un acueducto operado desde San José del Cabo que envía entre 280 y 300 litros por segundo cuando las bombas trabajan a plenitud.  Aun así la ciudad arrastra un déficit cercano a 600 l/s, reconocido por la propia Mesa Técnica del Agua.  El riesgo es real: si el futuro ayuntamiento incumple el servicio, el Estado podría intervenir en virtud del 115. No obstante, “falta de agua” no significa “imposibilidad jurídica”. La ley permite convenios intermunicipales, la coordinación estatal y la contratación de infraestructura estratégica. De hecho, la reforma a la Ley de Aguas de BCS –avalada por la Suprema Corte en abril– amplió los mecanismos de cooperación sin mermar la autonomía municipal. 

Además, la solución técnica ya está en obra. La segunda desaladora en El Tule avanza y añadirá 250 l/s a la red en 2026, con entregas parciales un año antes.  Conagua, por su parte, autorizó la exploración de nuevos pozos que inyectarán otros 80 l/s específicos para Cabo San Lucas.  Mientras llegan esos caudales, los tandeos se han reorganizado para maximizar los 300 l/s que ya se reciben, reduciendo la dependencia de pipas y fugas.  Un ayuntamiento propio, con control pleno sobre el predial hotelero, podría acelerar la sectorización de la red, financiar plantas de reúso y pactar tarifas que prioricen a las colonias sobre los clubes privados, cerrando así la brecha que hoy alimenta la protesta social y la llamada “mafia del agua”. 

La pregunta, entonces, deja de ser si hay agua suficiente y pasa a ser quién decide cómo, dónde y para quién fluye. A la luz del censo, de su economía y de un plan hídrico que combina desalación, pozos y convenios, Cabo San Lucas ya posee los atributos de población, territorio, hacienda y voluntad colectiva que la Constitución exige. El recurso hídrico es un desafío –como lo es para La Paz, Ensenada o Monterrey–, pero está lejos de ser un veto constitucional. Bloquear la emancipación por esa causa equivale a negar la herramienta política que permitiría enfrentarla con mayor eficacia.

Cabo San Lucas ha madurado de puerto de pescadores a metrópoli turística; hoy le corresponde madurar su forma de gobierno. Por historia, por ley y por pura aritmética social, el sexto municipio cabe en el mapa de Baja California Sur. Es cuanto.