De ciudadanía y política

“Siempre te dicen que tú eres afortunadísimo de estar aquí, y jamás te dicen que ellos tienen la fortuna de contar con nosotros”. (José Agustín)

Condenarro

La verdadera verdad mi es_timada(o) lectora(or), no estoy muy seguro porqué me dio por agarrar el tema donde involucre el concepto de ciudadanía con el de política; en lo particular la segunda es motivo de la primera y vice versa. Quiero pensar, que sí lo hago… a ratos, que la interpretación de ambas palabras es tan amplia como el criterio de quien las esgrime como absoluta. Espero, por mi bien y para mi bien entender, no confundirla(o) mucho, al menos no sin que surja alguna sonrisa por el buen o mal humor o por la ironía y/o sarcasmo que pueda usted, en lo personal, percibir.

La ciudadanía, entiendo yo, es por definición un ejercicio político o, si lo prefiere, un ente político, cuestión de perspectiva sin dejar al margen la definición que encontramos en enciclopedias, diccionarios enciclopédicos, se refiere a la condición de todos y cada uno de quienes formamos parte de una nación; de hecho proviene del latín “civitas” y se refiere a la o el ciudadano que conformaba la ciudad en la antigua Roma. Por lo que a política se refiere, ésta aduce a todo lo que al pueblo se relacional; (Polis en la antigua Grecia vincula a la ciudad-Estado) Entiendo, creo, que son intrínsecos ambos conceptos, sin llegar a ser pleonasmo. Así la cosa, si alguien busca sacar raja política de cualquier acto o mención a hechos que involucren a la ciudadanía, se autolimita en su condición civil. En México, todas(os) y cada una(o) de sus habitantes son ciudadanas(os), objetos de todos los derechos y obligaciones que otorga y ordena la Constitución, y, a los 18 años alcanzan la condición plena de ciudadanía, jurídicamente hablando, ya que podrán ser juzgados como adultos y podrán elegir su sistema de gobierno y, si es el caso, poder participar en elecciones gubernamentales.

Hacia dónde quiero ir con toda esta trepanación. NPI, la verdad. Tal vez por lo que pasa, debiese pasar, no debiese pasar pero pasa, lo que no pasa aunque debiese; lo que pasa es que pesa la ausencia de sensibilidad ciudadana en un sentido comunitario dónde cada uno de sus componentes ayuda al de junto y se ayuda a sí mismo por ello. Para quienes la vida gira en función a la economía, sería una economía circular y no mero consumismo clasista, que es el predominante en las sociedades todas, o, para no generalizar, casi todas. Lo que, sospecho, entienden los desarrolladores y quienes los ven como salvadores de la urbanidad -depredadores de la humanidad- y del de$arrollo $u$tentable. Como bien dijo alguna vez Eduardo Galeano, “si la naturaleza fuera banco, ya la hubieran salvado”. Y no es crítica ni ataque a servidores públicos que apoyan esa perspectiva de sustentabilidad. Así han sido formados, o instruidos, adoctrinados. O simple y llanamente privilegiados por intereses que ellos mismos no alcanzan a sostener. Más triste cuando sólo fueron entrenados, y obedientemente se mienten comprando oropel social y/o estatus (sic).

Hasta llego a creer, parafraseando a Jaime Sabines: “yo no lo se de cierto, pero lo supongo…” la política bien pudiera ser un buen negocio sin ánimo de lucro. También supongo, y señalo que el suponer no es bueno, nos lo dicen los cuatro acuerdos que publicara Don Miguel Ruiz, que la simple idea puede tener tantas interpretaciones como la relación ciudadanía-política.

Sin alejarme del tema ciudanía-política, tomaré otro caminito para intentar explicarme mi trepanación. Si bien es un hecho que toda sociedad rige su comportamiento colectivo por leyes y reglamentos, creo importante señalar que estos ordenamientos nos indican a la ciudadanía que es lo que no podemos hacer; “lo que no prohíbe la ley es permitido”, este principio de legalidad tiene su contrapeso al referirse a las autoridades en función al objetivo de las instituciones que encabezan o en las que se desempeñan por decisión propia (por elección y/o designación), ya que esos mismos ordenamientos señalan tajantemente y claramente que es lo que pueden hacer, lo que la ley no ordena, está prohibido. Quienes ocupan cargos en dichas instituciones en ningún momento pierden su condición (derechos y obligaciones) ciudadana. Si acaso los funcionarios actúan en contra de la ley lo hacen en perjuicio de la ciudadanía, incluidos ellos. Vaya dilema el que se puede crear por las interpretaciones. Y eso que las leyes y reglamentos son de observancia… aunque siempre existen las lagunas legales que pareciera son áreas naturalmente protegidas…

Ya tengo claro que a excepción de la milicia (Ejercito y Marina) y convictos, todos somos ciudadanos en las mismas condiciones. Mismas obligaciones y mismos derechos. ¿Será cierto eso de que los derechos humanos son para humanos derechos? A lo que ha sucedido a raíz de la repentina y muy esperada y manoseada tercera actualización del PDU 2040 la duda se acentúa en mi discernimiento. Las reacciones, declaraciones, defensas y aplausos sólo dejan ver el inicio de una lucha de poder entre los ejecutivos estatal y municipal; y, me parece, no precisamente por la legalidad ni por la jurisdicción constitucional que cada entidad tiene; el Estado los artículos 39 al 41 y el 115 constitucionales señalan claramente las áreas de competencia de cada uno y sus obligaciones, que como instituciones, le deben a la ciudadanía… incluidos ambos…

Ya encarrerado el ratón… todo funcionario público en los tres niveles, antes de tomar posesión de sus responsabilidad, cualquiera que sea, prestará la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen (Art.128). En México, los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables por ley. Esto significa que no pueden ser enajenados, no se extinguen con el tiempo y no pueden ser embargados; entre otros muchos, se incluyen: Caminos, carreteras, puentes y vías férreas (Art.27 y LGBN). Según mis consultas con personas que tienen más y mejor información sobre asuntos jurídicos y constitucionales, en cuanto al camino del Este, o “Camino Costero de Cabo del Este”, se observa como un bien de dominio público; la vía pública excluida de la propiedad privada a ambos lados del camino y su respectivo derecho de vía. El camino es de todos pues. Seguro que nadie se molestará cuando los turistas, huéspedes de todos y cada uno de los DTIs que se desarrollan y desarrollarán, crucen esa vía, siempre y cuando se pongan truchas y volteen a ambos lados antes. Puedo pensar entonces que la apertura del camino y accesos a playas es en función de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que de ella emanan ¿no? Pero que dilema se presenta cuando las interpretaciones encuentran esas lagunas que comenté líneas atrás; la propiedad privada también es un derecho constitucional. Cuando no se ve envuelta en actos ilegales y/o irregulares con la venta y/o tranza_acción alguna de lo que es de todos. No crean, por si alguien lo comenta, que son terrenos mostrencos… digo, hay ocurrencias… dicen.

La jerarquía constitucional nos dice que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, luego entonces, pa’que tanto brinco estando el piso tan parejo, ninguna ley secundaria, reglamento, convenio dudoso o no que se contrapongan al principio constitucional ¡pos no vale! Creo que ya medio me entendí, por lo tanto y por lo pronto yo paso a retirarme y reiterarme como un simple y pobre loco peligroso irreverente, irrelevante, irremediable pero irresistible y real prófugo de la injusticia que los desconsiderados ciudadanos confundan la política…

“Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo: unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico a perder las cosas que tienen.” (E. Galeano)