¿Voy bien o me regreso?

De lo impropio de apropiarse de lo que de todos es propiedad

“Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo.” (Julio Cortázar)

Condenarro

Sin duda mi es_timada(o) lectora(or), coincidirá con esta ide_ota de considerar el hecho de que, si Los Cabos es un municipio que genera mucha, muschingo de riqueza, que se presume vía fiturca y tooooda la publicidad que desarrolladores, hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios turísticos pagan, y muy bien a empresas de marketing, la mayoría foráneas de Los Cabos o de BCS e incluso internacionales, la enorme zanja que es evidente y lastimosa hasta para la presidenta, en realidad triste y lacerante para ella, no tendría que generar tal contradicción social. Digo, lo evidente es que hay un gran progreso y en proceso un retroceso social en la calidad de vida de quienes se desempeñan en brindar calidad de servicio a la vida de los visitantes causantes del mismo. Desarrollo Sustentable sustentado en la fría economía corporativa.

Es innegable que Los Cabos, como destino turístico de renombre internacional, o por lo menos así se vende, con las tarifas más altas de México en 2024 (cenotesmexico.com), con impresionante progreso en infraestructura turística en las últimas tres décadas es fuente no sólo de dinero, sino de ambición y codicia. Para poder yo establecer un panorama de crecimiento recordaré que en 1989, 5 de noviembre, que llegué y me quedé en Cabo San Lucas, había entre 18 y 20 mil habitantes; según el censo de 2020, 202,694, una densidad de 93.6 h/Km². De acuerdo a un artículo de un periódico estatal, existen 499 hoteles en operación con una oferta general de 21,091 cuartos; no incluye casas y/o departamentos en renta, RB&B ni tiempos compartidos, dejamos al margen los piratas. Los Cabos mantiene la tarifa hotelera más alta en promedio de México tasada en 560 USD por noche.

La mayor riqueza del destino es su materia prima, creo importante resaltar; la belleza natural obvia decirlo, claro. Pesca deportiva, golf, spa’s, actividades náuticas, paseos diversos, senderismo, gastronomía cosmopolita se han derivado por la venta de la materia prima natural.

Una vez concluido el preámbulo del debralle de hoy y el comercial ecológico-social del párrafo anterior pasaré a la etapa de pretender exponer el porque del título. Como ya mencioné, en la mayoría de los destinos turísticos la principal materia prima que venden es la naturaleza, y en nombre de su preservación se crean inmensas manchas urbanas de alta densidad y baja calidad para extendidos, enormes, inconmensurables y finos proyectos turísticos que se construyen sobre esa naturaleza que venden. Parte de esa naturaleza “humanizada” con motivos lúdicos, en nuestro caso, nos pertenece a todos, son propiedad de la nación, aun cuando parezca que no tenemos noción de ello, o es lo que intentan de esgrimir como argumento desarrolladores y quienes firman los permisos para que suceda. En una visión optimista y sin aceptar que el fin justifica los medios, esas firmas privan a dichos lugares, principalmente playas de indeseables y ordinarios lugareños. Propietarios de las playas y los caminos que permiten el acceso a tales.

En Cabo San Lucas se ha vivido el desplazamiento de los habitantes hacia tierra adentro, incluso se les priva en gran medida del paisajismo propio de BCS y que a más de ser gratis, es de nadie porque es de todos. Teóricamente. Los accesos cada vez se hacen menos accesibles, valga la «rebusnancia», imponen horarios de visita y condiciones de conducta (sic); los desarrolladores, en bien del progreso y elevar la calidad del destino merman de forma lacerante la calidad de vida y la condición ciudadana de los sanluquenses, en general, a los cabeños y sus visitantes que no se hospedan en los hoteles de playa o rentan en residencias con frente de playa privada, lo es de sus derechos constitucionales, y legítimos propietarios… de las playas y las servidumbres de paso.

Dos casos en particular me incitaron la trepanación que lees mi es_timada(o); El Faro de Cabo Falso “Faro Viejo” y el camino costero “El Rincón-Cabo Pulmo-San José del Cabo. A más de ser propiedad de la nación, casi nimio asunto en común, ambos son objeto del intento de privatizarlos, una especie de despojo a la nación enmascarado de buena voluntad e intención de progreso económico a la población (sic). ¡Ah!, se me pasaba, tal vez por el exceso de escasez, el abasto de agua potable suficiente y de calidad. Astutamente, lo plantean como un fervoroso favor social, casi altruista, filantropía pura, de hacerse cargo de ellos para el mejor disfrute… ¿de quienes?

El primero, mi es_timada(o) inició, abierta y públicamente en el centenario de El Faro Viejo y es objeto de una retahila de circunstancias burocráticas, documentación, convenios, acuerdos en el olvido y minucias similares, claro que no pueden faltar amparos y cosas de esas. La realidad que no acaba de gustar, es que sigue siendo de la nación, es suficiente ver que no han podido cerrarlo por mucho que lo han intentado, está registrado en el INDAABIN, bajo resguardo de la SCT… va pa’largo.

El camino costero, que con tanta facilidad (aparente) que lo han convertido en un laberinto verborréico. “¡Ya para que tanto brinco estando el piso tan parejo!”, dicho popular que le gustaba usar a MAOC, coincido en ello en la ruta en que me encuentro, creo. He leído y escuchado sobre la legalidad del estatus del camino. Dicen que no existe ningún camino vecinal o costero registrado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, es decir, ninguno tiene clave catastral. Que existen convenios firmados por la Junta Estatal de Caminos con desarrolladores para su declaración en desuso pues harían otro camino. La realidad es que el proceso de permuta que no fue permuta ni convenio que inició NAM en su gobernatura, no aterrizó con Mendoza y quieren hacerlo válido hoy día. Está difícil. El camino se trazó, como ya se ha publicado, yo y otros colegas columnistas y periodistas, una línea de tiempo del camino, entregada al actual cabildo por el Implan, antes que renunciaran a Ussiel. En esta línea se indica que fue construído con recursos federales, en 1958, BCS era Territorio, por lo tanto se trazó y construyó un camino vecinal, aun en uso, bajo jurisdicción federal y lo convierte en un bien de dominio público, inalienable, inembargable e imprescriptible. Por otro lado, la JEC que acaba de cumplir 91 años se actualizó en su composición bajo el decreto 653 publicado en el BOE el 20/XII/1987, y modificado en el decreto 929 de junio del ’93, y que en marzo de 2016 estrenó reglamento interno. Lo curioso es que en ningún documento a la Junta, como entidad de gobierno estatal, se le otorgan facultades para firmar convenios privados y/o públicos. Nimiedades. Tal vez no les informaron bien al secretario general ni a los regidores que han dado declaraciones sobre el asunto.

En ambos casos, bueno, en los tres, aun cuando el del agua lo dejo para otro debralle, se trata de la privación de derchos humanos constitucionales. La verdad que eso no está chido. Los derechos no se negocian… sólo los de autor. A lo que me trajo el camino largo a costa de los temas que comenté, es que, antes que pierda mi derecho, paso a retirarme y reiterarme como un simple y pobre loco peligroso irreverente, irrelevante, irremediable pero irresistible y real prófugo d ela injusticia de confundir el derecho humano constitucional de la propiedad privada, a que constituyan un derecho que como humano te prive de lo que es propio de todos.