Por Emmanuel Novelo

La salud de la vida cultural de una comunidad depende mucho menos de la inspiración súbita de sus funcionarios que de la solidez de sus cimientos jurídicos. Desde la Constitución federal hasta el último simple reglamento de un foro, cada norma debería dialogar con los tratados que México ha ratificado—el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, en nuestro continente, el Protocolo de San Salvador, que obliga a los Estados a garantizar el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y a gozar de sus beneficios, adoptando las medidas internas necesarias para hacerlo efectivo. Sin ese reflejo internacional, las leyes locales corren el riesgo de volverse declaraciones de buenas intenciones que nadie se siente obligado a cumplir.

Quizá por eso resulta tan luminoso el caso de Yucatán. En 2021 aprobó su Ley de Derechos Culturales, la primera en el país que convierte la retórica en un andamiaje operativo: crea un Consejo Estatal con presencia de dependencias clave, sectores creativos y academia; obliga a los municipios a publicar—con reloj en mano—sus propios programas de cultura; y respalda todo con un Fondo Estatal que mezcla recursos públicos y privados, reservando una cuota mínima para proyectos liderados por mujeres artistas. La norma yucateca, lejos de engrosar el Diario Oficial, se ha vuelto una partitura en uso cotidiano: los municipios etiquetan presupuesto, miden cobertura y rinden cuentas, mientras la sociedad civil se sienta a la mesa de decisión con voz constante.

En Los Cabos el instrumento existe, aunque todavía suena a ensayo general. Nuestro Reglamento Interno del Instituto de Cultura y las Artes (ICALC) de 2016 reconoce al Instituto como organismo público descentralizado con personalidad y patrimonio propios, le concede autonomía técnica y de gestión y lo dota de una Junta de Gobierno donde conviven autoridades municipales, asociaciones civiles y universidades. El texto permite además captar ingresos propios—taquillas, rentas de espacios como el Pabellón Cultural, donaciones—e incorporarlos, junto con la aportación municipal, al presupuesto anual que el Instituto elabora y somete al Cabildo. Nada mal para un municipio que quiere pasar de ser un escaparate turístico a un territorio con ciudadanía cultural.

Los retos comienzan allí donde la letra debe volverse una sinfonía audible. Hace falta blindar un Fondo Municipal de Cultura que le quite el carácter discrecional a los recursos y asegure, por ejemplo, que parte de la taquilla de cada función en el Pabellón Cultural (cuando lo habiliten) regrese automáticamente al mantenimiento del recinto y a un programa de becas para creadores locales. También urge convertir las Juntas Ciudadanas en un Consejo Consultivo con voto sobre el Programa Anual de Cultura, para que los artistas y colectivos no sólo opinen, sino decidan. Y, por supuesto, es indispensable que la planeación tenga plazos fatales—noventa días después de cada cambio de administración, como en Yucatán—y que los cortes semestrales de ingreso y gasto se publiquen en línea: sin cuentas claras, la cultura queda siempre a merced del humor político.

Cuando uno compara ambas partituras advierte que Yucatán nos puede enseñar cómo sostener la nota y Los Cabos tiene ya el instrumento afinado listo para ejecutarlo. Lo que falta es animarse a tocar en conjunto: garantizar que cada peso cultural se gaste en cultura, que cada voz ciudadana pese en las decisiones y que el derecho a la creación, la participación y el disfrute deje de ser un lujo ocasional para convertirse en el pulso cotidiano de nuestra comunidad. Solo entonces la cultura pública dejará de ser un telón de fondo y se transformará en lo que debe ser: un escenario vivo donde la identidad cabeña dialogue, se descubra y se celebre.

Es cuanto.